España mete la etiqueta estratégica europea en el baremo de red: falta el baremo
El Real Decreto 845/2026, en vigor desde el 24 de octubre de 2026, no crea una prioridad de red para los proyectos estratégicos europeos: añade un noveno criterio a la lista de contenidos mínimos de una orden ministerial que, treinta y cuatro meses después del mandato, no existe ni está en información pública. Mientras no exista, un concurso de demanda se resuelve con tres criterios y el carácter estratégico no es ninguno.
Claves
- La disposición final segunda del Real Decreto 845/2026 lleva de ocho a nueve los criterios que el artículo 20 ter.2 del Real Decreto 1183/2020 exige a una futura orden ministerial. No asigna peso, ni puntuación, ni preferencia: el otro único cambio del apartado es gramatical.
- Esa orden no existe. Treinta y cuatro meses después del mandato, el listado de audiencia e información pública en materia de energía del ministerio para 2026 no contiene ningún proyecto de orden de criterios de concursos de demanda.
- Mientras no exista rige la disposición transitoria sexta.2 del Real Decreto-ley 8/2023, con tres criterios cerrados —fecha de inicio del consumo, volumen de inversión y emisiones evitadas— entre los que no está el carácter estratégico.
- La medición: el único concurso de demanda resuelto en España repartió 928 de 3.681 MW convocados (25,2 %) el 24 de febrero de 2026. La única adjudicataria que ya tenía la etiqueta europea se llevó 18,7 MW, el lote más pequeño.
- Entrar costó 75 euros por kW solicitado en garantías ante la Caja General de Depósitos, adicionales a las del artículo 23 bis. De once solicitantes, cuatro quedaron excluidos por no presentar documentación alguna; tres de ellos eran vehículos de centros de datos.
España no ha creado una prioridad de red para los proyectos estratégicos europeos: el Real Decreto 845/2026 (BOE, 23-oct-2026) encarga puntuarla a una orden que no existe. El único concurso resuelto repartió 928 MW con tres criterios FACT.
Lo que cambió, palabra por palabra
El Real Decreto 845/2026, de 21 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 263, de 23 de octubre de 2026, páginas 141776 a 141799, y entró en vigor el 24 de octubre de 2026. Lo dictan a propuesta conjunta el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2026, al amparo del artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española. Su objeto es dar aplicación interna a dos reglamentos europeos —el Reglamento (UE) 2024/1252, de materias primas fundamentales, y el Reglamento (UE) 2024/1735, de tecnologías de cero emisiones netas—: reparte competencias, fija puntos de contacto únicos, regula el procedimiento estatal de declaración de proyecto estratégico y crea dos comisiones de coordinación FACT.
La pieza que ha dado el titular es su disposición final segunda, y conviene leerla al milímetro. Añade a la lista del apartado 2 del artículo 20 ter del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, un noveno elemento: «las declaraciones del carácter estratégico del proyecto amparadas en normas de la Unión Europea o de ámbito estatal». Comparadas la redacción consolidada vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y la vigente desde el 24, el único otro cambio del apartado es gramatical: «los promotores» pasa a «las entidades promotoras». No se asigna peso, ni puntuación, ni preferencia, ni se altera la prelación general de acceso. La lista pasa de ocho a nueve criterios, en la redacción vigente desde el 24 de octubre de 2026, y nada más FACT.
Y ese apartado no puntúa nada, porque no es un baremo: es una norma de remisión. Ordena que los criterios, las condiciones de participación —incluidas las garantías adicionales exigibles— y el detalle del procedimiento se regulen por orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A 26 de octubre de 2026, treinta y cuatro meses después de que naciera el mandato, esa orden no se ha aprobado, y el listado de audiencia e información pública en materia de energía del propio ministerio correspondiente a 2026 no contiene ningún proyecto de orden de criterios de concursos de demanda: los procedimientos abiertos con «acceso» o «concurso» en el título son de capacidad de acceso de evacuación de generación FACT. Eso es ausencia en el registro oficial, no prueba sobre los trabajos internos del ministerio; la corrobora, desde otro ángulo, la resolución de adjudicación de febrero de 2026, que declara expresamente que la orden no estaba en vigor FACT.
Mientras no exista, el baremo lo fija una norma de rango legal: la disposición transitoria sexta, apartado 2, del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre. Permite resolver los concursos de demanda por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aplicando los artículos 20 bis, 20 ter y 20 quater salvo en lo relativo a la exigencia de orden ministerial, y atendiendo únicamente a tres criterios: fecha de inicio del consumo, volumen de inversión y emisiones de gases de efecto invernadero evitadas. Esos tres criterios son los vigentes desde el 28 de diciembre de 2023 y lo siguen siendo a 26 de octubre de 2026. El carácter estratégico no está en esa lista cerrada FACT.
El dato que mide la etiqueta: 928 de 3.681 MW
España ha convocado y resuelto un concurso de capacidad de acceso de demanda. Se convocó por Resolución de 11 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Energía, publicada en el BOE del 17 de julio de 2025, sobre ocho nudos de la red de transporte en seis comunidades autónomas y 3.681 MW. Se resolvió por Resolución de 24 de febrero de 2026, publicada en el BOE del 25 de febrero de 2026 (páginas 28879 a 28892), con informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 23 de febrero, y adjudicó 928 MW: 500 MW a Hydnum en Brazatortas 400, 257,3 MW a Moeve en Palos 220, 100 MW a Stellantis España en Nuevo Vigo 220, 52 MW a Messer Ibérica de Gases en Francolí 220 y 18,7 MW a Atlantic Copper en Cristóbal Colón 220 FACT. Sobre los 3.681 MW convocados, los 928 MW adjudicados son el 25,2 %; el porcentaje es cálculo propio sobre las cifras de las dos resoluciones ESTIMATE.
Aquí está la medición que convierte la tesis en dato. La única adjudicataria que ya poseía la etiqueta europea se llevó el lote más pequeño: Atlantic Copper es promotora del proyecto estratégico de materias primas fundamentales CirCular, reconocido por la Comisión Europea el 25 de marzo de 2025, y el 24 de febrero de 2026 recibió 18,7 de los 928 MW adjudicados. La etiqueta no pudo pesar porque el baremo aplicado —el de la disposición transitoria sexta— no la contemplaba; corregir esa asimetría es exactamente lo que el nuevo criterio promete y aún no entrega INTERPRETATION.
Dato. 28-dic-2023: nace el mandato de la orden. 11-jul-2025: convocatoria de ocho nudos y 3.681 MW. 24-feb-2026: adjudicación de 928 MW con tres criterios. 24-oct-2026: entra en vigor el noveno criterio. La orden que lo aplicaría sigue sin fecha.
Conviene precisar el valor exacto de esa identidad. Que el proyecto estratégico CirCular y la instalación que obtuvo 18,7 MW en el nudo Cristóbal Colón 220 para el Complejo Metalúrgico de Huelva sean el mismo proyecto industrial se infiere de que comparten promotor y provincia, no de un identificador común: es interpretación, no hecho INTERPRETATION. La conclusión sobre el valor nulo de la etiqueta en ese concurso no depende de esa identidad, sino de algo que no admite lectura alternativa: el baremo aplicado no la incluía.
El coste de entrar, y quién no llegó a pagarlo
La resolución de convocatoria de julio de 2025 fijó un peaje de entrada que no aparece en la cobertura del real decreto y que decide quién se presenta. Participar exigía depositar ante la Caja General de Depósitos 25 euros por kW solicitado por cada uno de los tres criterios: 75 euros por kW en total, conforme a la convocatoria del 11 de julio de 2025, adicionales e independientes de las garantías del artículo 23 bis del Real Decreto 1183/2020 FACT. Para una solicitud de 500 MW eso son 37,5 millones de euros de garantías, cálculo propio sobre la tarifa de la convocatoria ESTIMATE.
El filtro funcionó, y en una dirección reconocible. De los once solicitantes que recoge el anexo VI de la resolución de adjudicación, cuatro quedaron excluidos por no presentar ninguna documentación —CPD4GREEN, Benbros DC, ACS DC Infra e Iberdrola Clientes—, y tres de esos cuatro son, por su propia denominación social tal como figura en el anexo, vehículos de centros de datos. Quedaron siete solicitudes admitidas: cinco adjudicatarias y dos no adjudicatarias, Moeve en Cristóbal Colón y Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico en Brazatortas. Y en tres de los ocho nudos convocados —Terrer, Arrigorriaga y Mercedes Benz— el concurso no llegó a celebrarse por retirada de concursantes FACT. Esto es un hecho registral publicado en el BOE, no un juicio sobre la conducta ni sobre la solvencia de nadie: la resolución consigna la causa formal de exclusión y nada más.
La continuidad con lo que ya hemos analizado en esta casa es directa: los tres vehículos de centros de datos que no presentaron documentación en el único concurso de demanda son el desenlace empírico de la condición de suministro renovable hora a hora impuesta al acceso de red de los centros de datos y del debate sobre quién paga la capacidad que esa demanda ocupa.
Hay un segundo punto donde la narrativa del estreno se cae. La convocatoria de 2025 ya establecía una prelación por tipos de consumo dentro del criterio de emisiones: los tipos 1 y 2 tienen prioridad en el orden de adjudicación frente al tipo 3, y la puntuación solo ordena dentro del mismo tramo FACT. Es decir, la prioridad en el reparto no la inventa el real decreto: ya existía, construida sobre otro criterio. Se aplicó de hecho en Brazatortas 400, donde la solicitud de tipo 2 se antepuso a la de tipo 3 FACT.
Para quien modela, el baremo real deja además una referencia de intensidad de capital. En las solicitudes valoradas de ese concurso, la inversión unitaria fue de 166.344 euros por MW en el extremo bajo y de 22,2 millones de euros por MW en el alto, con una media de 4,96 millones; son cálculos propios sobre los anexos de la resolución del 24 de febrero de 2026, no cifras publicadas por el regulador ESTIMATE.
Dos etiquetas, dos ventanillas, dos relojes
La expresión «proyecto estratégico» recubre dos títulos administrativos que no se piden en el mismo sitio ni con los mismos plazos, y confundirlos cuesta meses.
La etiqueta de materias primas fundamentales no la concede España. El promotor la solicita a la Comisión Europea, que dispone de treinta días para declarar completa la solicitud y de noventa, prorrogables otros noventa, para decidir, y no puede reconocerla si el Estado miembro afectado formula objeción. El artículo 2 del Real Decreto 845/2026 se limita a anudar a esa declaración efectos internos: razones de interés público a todos los efectos y tramitación de urgencia del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que reduce a la mitad los plazos ordinarios salvo los de presentación de solicitudes y de recursos. La Comisión ha designado 106 proyectos estratégicos; nueve están en España, siete de la lista del 25 de marzo de 2025 y dos de la segunda, del 9 de octubre de 2026. Y la ventana está cerrada: la segunda fecha límite de la convocatoria se cerró el 15 de enero de 2026 y no hay otra publicada FACT.
La etiqueta de cero emisiones netas la declaran, como norma general, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla; el Estado solo es competente cuando el proyecto afecta al territorio de más de una comunidad autónoma o es de transporte o almacenamiento de dióxido de carbono. En el procedimiento estatal instruye la Dirección General de Programas Industriales y resuelve la Secretaría de Estado de Industria: diez días para comprobar que la solicitud está completa, cinco para notificar la admisión, diez para el informe de la comunidad autónoma afectada —prorrogables otros diez, con silencio favorable, pero cuyo informe desfavorable impide estimar la solicitud—, un mes para resolver desde la admisión y silencio desestimatorio, con posibilidad de dictamen de la Comisión Europea en veinte días hábiles si la resolución es denegatoria. La pérdida del carácter estratégico se resuelve en un máximo de tres meses desde el acuerdo de inicio, con caducidad si se agota el plazo FACT.
Y el perímetro importa tanto como el plazo, porque no coincide con el de la demanda industrial que compite por capacidad. La etiqueta de cero emisiones netas alcanza la fabricación de las tecnologías del anexo del Reglamento (UE) 2024/1735 —solar, eólica terrestre y renovables marinas, baterías y almacenamiento, bombas de calor y geotermia, hidrógeno y electrolizadores, biogás y biometano, captura y almacenamiento de carbono, tecnologías de red, fisión nuclear, combustibles alternativos e hidroeléctrica— y a los proyectos de descarbonización de industria de gran consumo de energía solo cuando forman parte de la cadena de suministro de una de esas tecnologías y reducen de forma considerable y permanente sus emisiones. Dentro de ese perímetro, el reconocimiento es casi automático, a simple petición escrita, para proyectos situados en regiones menos desarrolladas y en transición y en territorios del Fondo de Transición Justa, y para los acogidos al Fondo de Innovación del régimen de comercio de derechos de emisión, los proyectos importantes de interés común europeo, los Valles de Hidrógeno Europeos o el Banco Europeo del Hidrógeno FACT. Dos consecuencias comprobables: un centro de datos no obtiene la etiqueta, y una fábrica situada en región de cohesión la obtiene casi por el hecho de estar allí.
Lo que Europa no exige
Un detalle que cambia a quién hay que atribuir la decisión. La búsqueda de texto completo en los dos reglamentos europeos no devuelve ninguna regla de prioridad en la asignación de capacidad de acceso. El Reglamento (UE) 2024/1735 solo introduce el permiso de conexión a la red dentro de los límites de nueve, doce o dieciocho meses del proceso de concesión de autorizaciones. La prelación en el reparto de capacidad escasa es, por tanto, una decisión española, no una obligación de la Unión INTERPRETATION.
De ahí la tensión interna del diseño. Si la futura orden pondera poco la etiqueta, el criterio es decorativo; si la pondera mucho, traslada el reparto de capacidad escasa a decisiones que toman la Comisión Europea y las administraciones autonómicas, y que para proyectos en regiones de cohesión son casi automáticas. Priorizar por etiqueta solo discrimina mientras la etiqueta sea escasa INTERPRETATION.
Hay además una obligación con fecha dura, y conviene no perderla de vista por mirar al acceso a la red. La disposición final primera del real decreto añade una letra i) al apartado 1 del artículo 18 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio: el plan de gestión de residuos de las industrias extractivas, y con él el plan de restauración, deberá incluir un estudio de evaluación económica preliminar sobre la posible valorización de materias primas fundamentales, o la justificación de su exención, conforme al artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2024/1252. El plazo europeo para que los explotadores de instalaciones existentes presenten ese estudio vence el 24 de noviembre de 2026: el real decreto aterriza la obligación en el ordenamiento español 32 días antes del vencimiento FACT.
Lo que no se sabe, dicho como lo que es
La honestidad sobre los huecos es parte del valor de esta lectura, y aquí hay siete.
Primero, no hay calendario público para la orden del artículo 20 ter.2, ni consulta previa, ni compromiso de plazo. El noveno criterio puede permanecer vigente años sin aplicarse nunca FORECAST. Segundo, no se conoce la ponderación que esa orden dará al nuevo criterio ni si lo acompañará de una garantía adicional, y de ello depende por completo si la etiqueta vale algo en un concurso INTERPRETATION. Tercero, no consta cuántos proyectos han obtenido en España la etiqueta de cero emisiones netas: el dato es desconocido, no cero. Las declaran las comunidades autónomas, el real decreto no crea un registro nacional, y el registro de acceso abierto que el Reglamento (UE) 2024/1735 encarga a la Comisión no se ha consultado en su contenido actual.
Cuarto, no se ha verificado si la Secretaría de Estado de Energía tiene nudos activados pendientes de convocatoria de concurso de demanda después de febrero de 2026; el gestor de la red remite ese informe el primer día hábil de cada mes y su sitio web, redeia.com, estaba bloqueado en el entorno desde el que se hizo esta verificación, de modo que la comprobación queda abierta. Quinto, no consta que España haya comunicado públicamente, al amparo del artículo 13.6 del Reglamento (UE) 2024/1735, su intención de no reconocer como estratégicos los proyectos de alguna tecnología concreta; si lo hiciera, el perímetro efectivo de la etiqueta en España se estrecharía INTERPRETATION.
Sexto, la identidad entre el proyecto estratégico CirCular y la instalación que obtuvo 18,7 MW en Huelva es inferida de promotor y provincia, no acreditada por un identificador común. Y séptimo, el recuento de proyectos estratégicos por país se hizo sobre los anexos de las dos decisiones de la Comisión con una expresión regular que capturó 44 de 47 y 45 de 46 entradas por saltos de línea, de modo que el «nueve en España» podría quedarse corto en uno ESTIMATE.
Qué significa para quien evalúa España desde Madrid o desde México
Para un industrial o un financiador mexicano o latinoamericano que esté evaluando implantación o ampliación en España, la lectura práctica es incómoda por lo simple. El valor de un emplazamiento no depende hoy de una etiqueta europea. Depende de tres criterios tasados por una norma de rango legal —fecha de inicio del consumo, volumen de inversión y emisiones evitadas—, de un aval en efectivo de 75 euros por kW solicitado y de compromisos ejecutables; y la novena casilla depende de una orden ministerial que puede no llegar nunca INTERPRETATION.
Dicho en términos de lo que se puede modelar: el valor del emplazamiento no ha pasado a depender de una declaración administrativa, sino de una opción sobre una declaración administrativa cuyo subyacente es una orden sin calendario. Quien incorpore hoy una prima de red por etiqueta está valorando una opción sin fecha de ejercicio INTERPRETATION. Lo que sí tiene reloj propio es el expediente de la etiqueta, y su reloj es más lento que el de un concurso: convocatoria europea con fecha límite —hoy cerrada— para materias primas fundamentales, declaración autonómica para cero emisiones netas.
Y hay dos usos que buscan megavatios en España y a los que la etiqueta no alcanza: los centros de datos, por perímetro, y la generación, que compite en otro procedimiento. Esa es la frontera que conviene tener clara antes de elegir nudo, y la razón por la que el acceso a la red sigue siendo la condición de entrada física a la industria española. El resto de este tablero —cómo se planifica la red que ha de soportar esa demanda y quién paga su capacidad— es materia de los siguientes análisis de la serie Madrid Cross-Border.
Fuentes
- Real Decreto 845/2026, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2024/1252 y 2024/1735 (texto original, BOE núm. 263, pp. 141776-141799)
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica (texto consolidado, redacción vigente desde el 24-10-2026; artículo 20 ter.2)
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre (texto consolidado, redacción anterior vigente del 22-03-2026 al 23-10-2026): artículo 20 ter.2 antes de la modificación
- Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre (texto consolidado): disposición transitoria sexta, nudos susceptibles de concurso de capacidad de acceso de demanda
- Resolución de 24 de febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se resuelve el concurso de capacidad de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte (BOE de 25-feb-2026, pp. 28879-28892, BOE-A-2026-4357)
- Resolución de 11 de julio de 2025, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convocan los concursos de capacidad de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte (BOE de 17-jul-2025, BOE-A-2025-14863)
- Audiencia, información y participación pública en materia de energía, ejercicio 2026 (listado oficial de procedimientos)
- El MITECO adjudica 928 MW de acceso a la red eléctrica a grandes proyectos industriales, ligados a una inversión superior a 3.000 millones (nota de prensa)
- Selected strategic projects under the Critical Raw Materials Act (106 proyectos designados; segunda lista de la Unión adoptada el 9 de octubre de 2026)
- Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre materias primas fundamentales (versión española, repositorio CELLAR; artículos 7 y 27)
- Anexo de la Decisión C(2025) 1904 de la Comisión, de 25 de marzo de 2025, por la que se reconocen determinados proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos
- Anexo de la Decisión C(2026) 8051 de la Comisión, de 9 de octubre de 2026, por la que se reconocen determinados proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos
- Strategic projects application form (CRMA): la segunda fecha límite de la convocatoria se cerró el 15 de enero de 2026
- Reglamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre tecnologías de cero emisiones netas (versión española, repositorio CELLAR; artículos 3, 13, 14, 16 y anexo)
- Sumario del BOE de 25 de febrero de 2026 (API de datos abiertos), empleado para localizar la resolución BOE-A-2026-4357
- El MITECO convoca los primeros concursos de acceso de demanda a las redes eléctricas (nota de prensa: ocho nudos, 3.681 MW, tres criterios, garantías de 25 euros/kW por criterio)